El Wokismo: ¿Conciencia social o caballo de Troya cultural?

Juan Carlos Barraza
Columnista

En la última década, el término woke ha pasado de ser una palabra marginal en el vocabulario afroamericano a convertirse en la punta de lanza de una ideología global. Lo que comenzó como una legítima alerta frente a la discriminación, se ha transformado en un fenómeno político-cultural que se infiltra en universidades, medios, redes sociales y, lo más preocupante, en las políticas públicas de América Latina, con apoyo explícito de organismos internacionales como la ONU, la UNESCO y la OEA.

¿De dónde surge el “wokismo”?

El término woke (despierto) fue usado inicialmente en los años 40 dentro de la comunidad afroamericana para alertar sobre el racismo sistémico. Su resurgimiento moderno se dio a partir del movimiento Black Lives Matter (2013), explotando a nivel global tras la muerte de George Floyd en 2020. Desde entonces, su espectro ideológico ha crecido, incluyendo temas de identidad de género, orientación sexual, colonialismo, justicia climática, lenguaje inclusivo y más.

¿Qué promueve?

El wokismo sostiene que todo sistema social está construido sobre relaciones de poder opresoras, y que el deber moral de las instituciones es deconstruir esas estructuras. En la práctica, esta ideología se traduce en cancelaciones públicas, autocensura, reescritura del lenguaje, imposiciones educativas, y políticas estatales identitarias.

De acuerdo con el Global Expression Report 2023, de la organización Article 19, la libertad de expresión se ha deteriorado globalmente en un 16% desde 2014, y uno de los factores emergentes ha sido la censura por corrección política en entornos digitales y académicos.

La expansión institucional del wokismo en América Latina

Lo alarmante es que esta ideología ha dejado de ser cultural para institucionalizarse. Gobiernos latinoamericanos, impulsados por presión internacional, han creado ministerios, leyes y programas que responden directamente a la lógica woke, más que a necesidades reales.

Casos relevantes:

• Argentina: El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue creado en 2019. Para 2023, su presupuesto fue de más de $13 mil millones de pesos argentinos, pero el país registró ese mismo año femicidios cada 35 horas (Observatorio de las Violencias por Razones de Género «Ahora Que Sí Nos Ven»), sin disminuciones tangibles en los indicadores de violencia.
• México: La CONAVIM y las Unidades de Género federales son promovidas en parte por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), que en su documento Marco de Cooperación ONU-México 2020-2025 establece que se debe «impulsar una perspectiva interseccional en políticas públicas» (pág. 14).
• Chile: El gobierno de Gabriel Boric impulsó, con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), políticas centradas en identidades no binarias y “educación sexual integral desde un enfoque interseccional”. La propuesta de nueva Constitución —finalmente rechazada en plebiscito— fue redactada con este marco ideológico.
• Colombia: El gobierno de Gustavo Petro, en conjunto con ONU Mujeres, firmó en 2023 un plan de acción para transversalizar la “interseccionalidad, diversidad sexual y de género” en todas las entidades públicas (fuente: Plan de Acción ONU Mujeres – Colombia 2023).

¿Qué organismos internacionales lo impulsan?

• ONU Mujeres, UNESCO, PNUD, UNFPA, OEA y Banco Mundial han adoptado en sus informes y programas un marco conceptual alineado al wokismo.
  • El Informe de la UNESCO 2022 sobre educación llama a “superar el enfoque binario de género en las escuelas”.
  • El PNUD ha financiado políticas de identidad de género en más de 78 países (informe global Being LGBTI in the Development Context, 2021).
  • En 2021, la OEA, a través de su Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicó un informe pidiendo a los Estados que “reconozcan legalmente a las personas trans sin requisitos médicos ni psicológicos”.

Estas políticas, aunque presentadas como avances, han generado críticas por su falta de resultados reales, por priorizar ideología sobre evidencia, y por dejar sin respuesta a los verdaderos problemas estructurales de pobreza, educación y violencia.

¿Qué consecuencias deja?

La imposición de políticas públicas con base en principios ideológicos y no científicos ha generado:

• Desconfianza social: Según Latinobarómetro 2023, el 67% de los latinoamericanos siente que sus gobiernos están “desconectados de las verdaderas preocupaciones de la gente”.
• Polarización: Las identidades políticas se han radicalizado, y los discursos inclusivos muchas veces excluyen a quienes tienen convicciones religiosas o visiones conservadoras.
• Ineficiencia institucional: Miles de millones de pesos se han destinado a ministerios o secretarías que no han mejorado indicadores clave como la violencia, la educación o la salud mental.

¿Por qué debemos estar alertas?

Porque no se trata solo de opiniones: es dinero público, educación de nuestros hijos, y definición del bien y del mal desde el Estado. Estamos ante un fenómeno que presenta un rostro amable, pero que en su núcleo impone una cosmovisión cerrada, subjetiva y muchas veces incompatible con los valores democráticos y culturales de los pueblos latinoamericanos.

No se trata de negar la necesidad de justicia y respeto para todos. Se trata de impedir que una ideología convierta a la sociedad en un campo de batalla de identidades enfrentadas, donde el pensamiento libre y el sentido común desaparecen.

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Fuentes:

• Cato Institute, FIRE, Article 19 – Global Expression Report 2023
• UNESCO (Reimagining our futures together, 2022)
• ONU Mujeres – Estrategia para América Latina y el Caribe 2022-2025
• PNUD – Marco de Cooperación ONU-México 2020-2025
• Latinobarómetro 2023
• Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” (Argentina)
• Douglas Murray, The Madness of Crowds
• Nuria Richart, ensayos en Libertad Digital
• CIDH – Reconocimiento legal de identidad de género, OEA (2021)